Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California
Es el ente responsable de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción, se encarga de establecer las políticas públicas a implementarse obligatoriamente en todos los entes públicos y la Secretaría Ejecutiva funge como su órgano de apoyo técnico.
Lo integran los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo del Estado, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, los Síndicos Procuradores, el consejero Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y 11 representantes del Comité de Participación Ciudadana.
Lo preside el ciudadano que se encuentre al frente de la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana, quien contará con voto de calidad.
Entre sus facultades se encuentran:
– Establecer bases y principios para la efectiva coordinación de los integrantes del SEA.
– Aprobar, diseñar y promover la política estatal anticorrupción, evaluarla, ajustarla y modificarla de manera periódica, además de aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación.
– Acordar medidas o modificaciones a las políticas integrales, a partir de los resultados de la evaluación que realice la Secretaría Ejecutiva.
– Requerir información a los Entes públicos sobre el cumplimiento de la política estatal y las políticas integrales implementadas, recabar datos, observaciones y propuestas para la evaluación, revisión o modificación con base en los indicadores.
– Determinar e instrumentar mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas.
– Elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados de la aplicación de políticas y programas en materia de anticorrupción, a partir de la evaluación de la Secretaría Ejecutiva y aprobado por el Comité Coordinador.
– Emitir recomendaciones públicas vinculantes ante las autoridades respectivas y les dará seguimiento con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno.
– Establecer vínculos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción
– Determinar mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.
– Establecer una Plataforma Digital que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas, además de retroalimentar la Plataforma Digital Nacional. A esta plataforma digital tendrán acceso las autoridades competentes.
– Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación para cumplir los fines del Sistema Estatal.
– Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los órganos internos de control y entidades de fiscalización la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos.
– Disponer las medidas necesarias para que autoridades de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos píblicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital.
– Participar en los mecanismos de cooperación nacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas y, en su caso, compartir las experiencias de los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción.