La Comisión Ejecutiva del SESEABC acordó realizar este diagnóstico para elaborar proyectos de políticas públicas
que prevengan, detecten y sancionen responsabilidades administrativas y actos de corrupción de servidores públicos, a partir de las
experiencias en la aplicación de esta ley.
Publicada el 7 de agosto de 2017 en el Periódico Oficial 36 ,
esta ley define competencias sobre las responsabilidades administrativas
de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones por actos u omisiones, así como aquellas vinculadas a particulares,
además de determinar mecanismos de prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas
con el propósito de establecer políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.
Los servidores públicos se desempeñarán con base en principios de respeto a la dignidad de las personas,
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
En su caso, las faltas administrativas graves de los servidores públicos y particulares serán sancionadas por la Sala Especializada
en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
mientras que las faltas no graves corresponde sancionarlas a las secretarías y órganos internos de control.